Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Según los datos del Consejo General de Colegios y Administradores de Fincas de España (CGCAFE), nada menos que el 75% de los edificios necesitan mejorar la accesibilidad. Por tanto, la normativa va a afectar a la mayor parte de las comunidades de propietarios, que deberían ir ya planificando las obras precisas y calculando los gastos que les supondrán.
Además, la nueva reglamentación no solo exige facilitar a las personas con minusvalías el acceso a sus viviendas, sino a todas las zonas comunes de la finca: jardines, piscinas, salas de reunión, garajes o trasteros.
El presupuesto dependerá de las soluciones que puedan aplicarse a cada caso. Estas son las más comunes:
- Rampas. La posibilidad menos costosa, aunque solo es factible cuando se trata de superar pequeños desniveles, con inclinaciones reducidas. La más habitual en los portales cuando solo tiene unos pocos escalones.
- Sillas salvaescaleras. Dispositivo mecánico adaptado a la pared con un asiento que recorre un rail en paralelo a la escalera. La compañía ThyssenKrupp Encasa, especializada en estas instalaciones, estima que el coste mínimo es de unos 3.500 euros.
- Plataformas salvaescaleras. Similar al anterior, salvo que en vez de un asiento, se emplea una plataforma para adaptar sillas de ruedas. Requiere más espacio y un mecanismo más potente, lo que hace que el presupuesto se eleve al menos hasta los 7.000 euros.
- Elevadores verticales. Un sistema mecánico de engranajes (sin poleas) hace subir una plataforma en vertical para superar desniveles pronunciados pero cortos. Para sillas de ruedas o personas con movilidad reducida. Es la solución más cómoda para los usuarios, pero resulta cara: ThyssenKrupp Encasa calcula un coste medio de 10.000 euros.
- Ascensores. El presupuesto necesario dependerá del número de pisos, aunque no suele bajar de los 75.000 euros. Los ayuntamientos y comunidades suelen conceder ayudas para su instalación.
Como se ve, eliminar las barreras arquitectónicas supondrá un esfuerzo económico a los propietarios, aunque la norma indica que en ningún caso será “una carga desproporcionada o indebida”.
¿Cuál es el límite? Lo fija la ley: un máximo de 12 mensualidades de los gastos de comunidad. Por ejemplo, un vecino que pague cada mes 60 euros, estará obligado a soportar una derrama no superior a 720 euros en total.
Les ayudamos a buscar subvenciones para ejecutar las obras de mejora.
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En la actualidad, cualquier vecino con una discapacidad o que sea mayor de 70 años puede exigir llevar a cabo esas obras de accesibilidad, siempre que el presupuesto esté dentro de los límites. En el caso de que exceda, se podrá convocar una junta para votarlo, siendo necesario una mayoría simple de los propietarios que además representen la mayoría de las cuotas de participación.
Existe otra posibilidad, que la diferencia entre el límite de las 12 mensualidades por vecino y el coste total sea abonado por quien ha solicitado la obra. Si es así, la obra se realizará y el resto de propietarios estará obligado a pagar la derrama máxima.
